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Actualización normativa sobre sistemas de facturación: Claves del Real Decreto 254/2025
El pasado 3 de abril de 2025 se publicó en el BOE el Real Decreto 254/2025, una norma que introduce modificaciones relevantes al Real Decreto 1007/2023, el cual regula los requisitos exigibles a los sistemas informáticos de facturación. Esta actualización responde a la necesidad de facilitar la implementación progresiva de dichas obligaciones, sin perder de vista el objetivo de garantizar la integridad, trazabilidad y seguridad de los registros fiscales.
Principales novedades introducidas:
1. Ampliación de plazos de obligatoriedad
Se establece un calendario más flexible para la entrada en vigor de las obligaciones según el tipo de contribuyente:
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Entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades (art. 3.1.a)): dispondrán hasta el 1 de enero de 2026 para adaptar sus sistemas, prorrogando seis meses el plazo inicialmente previsto (1 de julio de 2025).
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Otros contribuyentes obligados: tendrán como fecha límite el 1 de julio de 2026.
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Fabricantes y comercializadores de software de facturación: deberán garantizar la adecuación de sus soluciones en un plazo máximo de nueve meses desde la publicación de la Orden HAC/1177/2024.
2. Ámbito de exclusión
Quedan fuera del ámbito de aplicación aquellos contribuyentes que, en la expedición de facturas por parte del destinatario o de un tercero, utilicen el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1619/2012.
3. Régimen de responsabilidad
Se subraya que la delegación de tareas de facturación a terceros no exime al contribuyente de su responsabilidad respecto al cumplimiento normativo. La obligación recae íntegramente sobre el sujeto pasivo.
4. Entrada en vigor
El decreto ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir, el 3 de abril de 2025.
Marco legal
Esta reforma se apoya en la Ley General Tributaria (Ley 58/2003) y en los principios constitucionales de seguridad jurídica, eficacia administrativa y transparencia, con el fin de fortalecer el control tributario y prevenir el fraude fiscal mediante tecnologías fiables.
